Es un programa creado a iniciativa del Centro Interdisciplinario de derecho social y economía política de la Universidad Católica (CIDSEP UC), con el propósito de instalar en el Paraguay, la práctica del servicio legal gratuito, organizado, visibilizados, prestados por Abogados/as, Estudios Jurídicos, Estudiantes de derecho, gremios de abogados que se adhieren al programa voluntariamente para trabajar a favor de personas y/u organizaciones comunitarias o de sociedad civil que trabajan para sectores vulnerables, que no cuentan con recursos económicos para pagar honorarios de abogados y que el sistema de justicia no lo cubra.

Funciona como “puente” entre quienes necesitan un abogado y los abogados que forman parte de la red pro bono.

Pueden solicitar las personas naturales, las organizaciones sin ánimo de lucro, las instituciones cívicas, culturales y educativas que sirvan al interés público, y los requisitos son:

1. No contar con recursos económicos para pagar honorarios de abogados que pueda certificarse por cualquier medio
2. No contar con la asistencia de un abogado defensor público o privado
3. Tener domicilio en las jurisdicciones judiciales si se trata de un litigio, donde existen abogados pro bono
4. Pertenecer a sectores vulnerables, entendido como aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. (100 Reglas de Brasilia)
5. Presentar toda la documentación que se refiere al caso que se consulta, cuando corresponda (certificados, denuncias, etc.) sin los cuales no se puede derivar la atención al abogado/a Pro bono.
6. La asesoría legal que brindan los abogados pro bono es totalmente gratuita, sin embargo, los costos que se deriven de la asesoría son de cargo del/la solicitante. Excepcionalmente el Programa puede proveer de fondos para pequeños gastos de justicia como notificaciones y fotocopias.

Se prioriza la atención de personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores y víctimas de hechos punibles.

Se pueden hacer consultas individuales sobre cualquier materia legal (civil, penal, laboral, familia, etc), asistencia, asesoramiento a organizaciones sin fines de lucro en materia societaria, charlas y talleres en temas legales, dictámenes jurídicos, investigación legal/jurídica, elaboración de material informativo legal, pero La Oficina de Coordinación del Programa se reserva el derecho de admitir las solicitudes de asistencia legal gratuita, pues tratándose de un trabajo voluntario, no asegura la consecución de un abogado/a, pero pondrá su mayor esfuerzo por encontrarlo.

Casos sobre divorcio, aborto y personas privadas de libertad están excluidos.